Comodoro Rivadavia contra YPF: un reclamo ambiental que trasciende lo local
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia presentó una demanda judicial contra YPF para exigir la identificación, evaluación y recomposición integral de los pasivos ambientales acumulados durante más de un siglo de explotación petrolera dentro del ejido urbano.
El conflicto tiene dimensiones alarmantes. Según datos oficiales, existen aproximadamente 1.700 pozos “inactivos” dentro del ejido urbano, una categoría que la legislación no permite, ya que solo puede haber pozos “activos” o “abandonados”. El municipio ya relevó el 83% de los pozos inactivos y localizó 765 instalaciones que deberían estar abandonadas de acuerdo con la normativa de seguridad, aunque otras 150 aún no pudieron ser ubicadas. Pero la cifra total es aún mayor: se estima que existen alrededor de 6.000 pozos dentro de la urbe, de los cuales aproximadamente 3.700 están abandonados, y más del 80% pertenece a YPF.
El reclamo municipal no se limita a los pozos. Pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales fuera de uso, ductos, piletas, suelos contaminados y restricciones al uso del territorio condicionan el desarrollo urbano y representan un riesgo ambiental y sanitario para la población. La Municipalidad sostiene que el acuerdo firmado entre YPF y el Gobierno de Chubut —que exime a la petrolera de realizar tareas de abandono y remediación a cambio de 25 millones de dólares— no puede cerrar la controversia ambiental dentro del ejido urbano ni extinguir obligaciones relacionadas con la recomposición de los daños.
El municipio también anunció que pondrá los antecedentes en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, argumentando que YPF cotiza en los mercados de capitales y asumió compromisos públicos de sostenibilidad y transparencia. La existencia de una controversia ambiental de esta magnitud constituye información relevante para los organismos de control y los inversores.
Este conflicto ejemplifica la necesidad de abordar los pasivos ambientales con participación de todos los actores involucrados: Estado nacional, provincias, municipios, empresas y comunidades. El desarrollo energético futuro no puede construirse sobre pasivos ambientales sin resolver. El diálogo institucional y la transparencia son condiciones indispensables para garantizar que el derecho a un ambiente sano no quede subordinado a acuerdos que dejan afuera a quienes viven y respiran el legado de la actividad extractiva.